El problema de una forma de gobierno medieval como la monarquía es que no existen mecanismos legales para que las personas que están representando a esta institución, ya sea por derecho de herencia o divino, sean depuestos de sus funciones por los errores que, como cualquier otra persona, pueden llegar a cometer. Por esta razón el pueblo, consciente de que su libertad depende única y exclusivamente de ellos mismos, de su voluntad, puntualmente decide crear estos mecanismos. A veces, por desgracia, estas reacciones son violentas, propias ya de otros tiempos como la Revolución Francesa. A veces, por fortuna, y ya en tiempos modernos, mediante expresión de su voluntad en las urnas, como bien supo Alfonso XIII el 14 de Abril de 1931.
La imputación de la Infanta Cristina no significa que automáticamente se convierta en culpable. Sólo la necedad radical nos impulsaría a condenar a alguien que aún no ha sido juzgado, y la presunción de inocencia es igual para todos, indistintamente de nuestra cuna. Sin embargo, las personas que han sido elegidas para cargos públicos, como Alcaldes, Concejales o Ministros, a las que debemos añadir aquellas no elegidas pero que forman parte de la institución que detenta la Jefatura del Estado, deben cumplir con prístina dedicación sus funciones, y renunciar a ellas a la menor sombra de mácula que pudiera perjudicar las instituciones que temporalmente representan, desde la alcaldía de un pueblo de mil habitantes a la propia Corona.
Lo que la monarquía no está teniendo en cuenta es que es el pueblo quien le está permitiendo, temporalmente, transitoriamente, y bajo estrecha vigilancia, ocupar su posición en la Jefatura del Estado, y es el pueblo quien puede decidir pedir responsabilidades por muestras de corrupción, influencias interesadas, perjurios y otros tejemanejes. Porque en esta vida nada es seguro, y menos aún el trono de un reino que también fue República.
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